Justificación y necesidad de la tutela jurídico-penal del medio ambiente en el derecho de la Unión Europea y en el derecho español

Resumen

El crecimiento económico ocurrido tras la revolución industrial trajo consigo un aumento considerable de la contaminación, por lo que la protección y preservación ambiental se ha convertido en una prioridad mundial. Tanto es así que se ha procedido a incluir en los catálogos de delitos los ataques contra el medio ambiente, haciendo entrar para su salvaguarda al que es considerado como ultima ratio del Derecho. Es importante la evolución que, a nivel internacional ha tenido la protección ambiental. En la UE la evolución ha sido más radical, pasándose de ni siquiera mencional al medio ambiente en los Tratados constitutivos a convertirse en objetivo prioritario de sus políticas. Este reconocimiento del problema ha dado lugar a que se considere al medio ambiente un bien jurídico digno de protección penal y esta entrada en juego del Derecho penal provoca una serie de cuestiones que es preciso esclarecer.Puesto que la UE se ha erigido en líder de la defensa y conservación de medio ambiente y, dado el carácter prioritario que se le concede, se hace preciso el estudio de este tema a nivel unitario, habida cuenta de que esta política ambiental ha sido trasladada también al campo del Derecho penal, produciéndose una injerencia del Derecho comunitario en los Derechos penales de los Estados miembros y pareciendo que quiere perfilarse un Derecho penal unitario y que, aunque, en mi opinión, no podamos hablar todavía de su plena existencia, es cierto que el Derecho de la UE influye directa e indirectamente en los Derechos internos de los Estados miembros y, más concretamente, en el Derecho penal, tanto positiva como negativamente, debido a los principios de efecto directo y de primícia.No obstante, la entrada del Derecho penal en el sistema legal unitario se encuentra con una serie de obstáculos, entre los que podemos citar como más importantes, el principio de soberanía y el déficit democrático de las instituciones unitarias, por un lado, y la elección de la forma de integración en los ordenamientos jurídico nacionales, por otro.En el ámbito de la protección penal ambiental el origen se enciuentra en la Resolución del Consejo de Europa 28/1997 sobre la Constitución del Derecho Penal a la protección del medio ambiente, seguida de otra resolución y una Directiva sobre el mismo tema. En esta materia se ve con mucha más claridad la injerencia de Derecho unitario en los ordenamientos nacionales, ya que se exige por parte del Derecho unitario una legislación a la que no puede escapar ningún estado miembro de forma que los legisladores no son libres para decidir incriminar o no una conducta aunque sí se le deja libertad para la intensidad de la sanción a imponer.En cuanto a nuestro Derecho interno, en España, al igual que en el resto de mundo la tutela ambiental es moderna. El art. 45 CE reconoce el derecho al medio ambiente y, penalmente no se recogió esta protección hasta nuestro ACp que la consagraba en su art. 347. Hoy día, y tras las modificaciones introductivas en virtud de la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, el Cp regula los delitos ambientales en el Título XVI, arts. 325 y ss.El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la política de protección ambiental fundamentalmente en el seno de la UE, centrándome en su protección a través del Derecho penal y en las relaciones que, en este tema, éste tiene con el Derecho Unitario. Otro de los objetivos, al abordar la cuestión de las relaciones entre el Derecho penal y el Derecho comunitario, ha sido la de intentar responder si existe un Derecho penal unitario, en qué medidad existe y su proyección sobre el Derecho ambiental.Por último, constituye un objetivo fundamental de esta tesis el realizar u estudio sobre la tutela del medio ambiente a través del Derecho penal, dilucidando si se puede considerar o no un bien jurídico-penal, qué tipo de bien jurídico es.