Política criminal frente a la radicalización -yihadista- de menores

  1. Palomero Rojo, Luz María
Zuzendaria:
  1. Ana Isabel Pérez Cepeda Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad de Salamanca

Fecha de defensa: 2019(e)ko urtarrila-(a)k 21

Epaimahaia:
  1. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre Presidentea
  2. Silvia Mendoza Calderón Idazkaria
  3. María Luisa Cuerda Arnau Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 580585 DIALNET

Laburpena

Dado que el terrorismo de corte yihadista es un mal que se extiende por todos los ámbitos de la sociedad, se ha llevado a cabo el estudio de la radicalización violenta, teniendo como finalidad conocer las causas y fines que mueven a un sujeto, independientemente de su ideología, a cometer actos de violencia fuera de la legitimidad del Estado, con el fin de proponer unas medidas preventivas frente al radicalismo violento. En concreto, esta investigación tiene una base criminológica -empírica- que, a raíz del análisis de unas sentencias de menores radicalizados en el ámbito nacional, se ha tratado de establecer mediante teorías criminológicas un plan preventivo de actuación. La tesis doctoral se divide en dos parte. La primera parte, se trata de establecer el concepto de radicalización, con el fin de delimitar que se entiende por radicalismo, conocer los diferentes tipos que existen en la sociedad y con ello, deconstruir los conceptos erróneos transmitidos por los medios de comunicación. Así mismo, se ha tratado de responder a las cuestiones de cómo, dónde y por qué se radicaliza un sujeto. Una vez llevado a cabo la delimitación conceptual, se ha pretendido conocer las diferentes políticas criminales desarrolladas a nivel internacional, regional, nacional y local para combatir y prevenir la radicalización violenta, destacando las principales normativas, planes estratégicos y directrices en este ámbito. La segunda parte, consta de un trabajo de campo, que en base al estudio de sentencias de menores radicalizados, se han establecido diferentes medidas preventivas tanto generales como específicas con este colectivo. Se ha llegado a la conclusión de que frente a un conflicto social se deben desarrollar políticas sociales que conduzcan a su prevención o solución, dejando como último recurso la amenaza penal.