Pluralismo punitivo y derechos humanosel caso de la Comuna 13 de Medellín-Colombia (2000-2010)

Resumen

La investigación “Pluralismo punitivo y derechos humanos: el caso de la Comuna 13 de Medellín-Colombia (2000–2010)” ha sido realizada por Hernando León Londoño Berrío, en el Programa de Doctorado en “Derechos Humanos y Desarrollo” de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España), con la dirección del Profesor Doctor ANTONIO CARLOS WOLKMER de la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis (Brasil); en un comienzo, hasta su deceso, esa condición la ejerció el Profesor JOAQUÍN HERRERA FLORES de la Universidad Pablo de Olavide. El objeto de la indagación de este trabajo es el “Pluralismo Punitivo”, que significa la coexistencia de una constelación de sistemas punitivos –el Miliciano, el Paramilitar y el Estatal–, en el espacio geopolítico de la Comuna 13 de Medellín (Colombia) y en el marco de un conflicto armado. Los objetivos están referidos a la legitimación y a la legitimidad de estos sistemas. La metodología es de orden cualitativo, con enfoque interdisciplinario, lo que permite articular conceptos y elementos teóricos propios de disciplinas como la criminología crítica, la dogmática jurídico-penal crítica y la teoría crítica de los derechos humanos. Coherente con el marco teórico, el enfoque es también crítico y cuestionador. Cada uno de los sistemas punitivos es descrito y analizado a partir de las relaciones sociales comprendidas en su regulación, el tipo de proceso asumido para adjudicar la responsabilidad y definir la pena y, por supuesto, el tipo de castigo prescrito e impuesto. Con la legitimación se pregunta por el grado de obediencia y reconocimiento –o de rechazo y resistencia– alcanzados por los sistemas punitivos entre los habitantes de esa comuna, y, las razones, los motivos y las circunstancias que explican y permiten comprender estos fenómenos. Los hallazgos son claros: las circunstancias y razones que legitimaron a los sistemas punitivos, con el transcurrir del tiempo, condujeron a su deslegitimación. Y la necesidad de “seguridad” respecto a los peligros contra bienes inmateriales (la vida, la salud, la integridad sexual) y materiales (el patrimonio económico), y la ilusión de que los sistemas punitivos podrían otorgar salvaguarda, ha sido la variable definitiva de legitimación. Pero la dinámica los lleva a ser representados como el factor de mayor inseguridad, “una cura peor que la enfermedad”, por su proclividad a la crueldad, la arbitrariedad, al autoritarismo y al expansionismo. En este asunto, el Estado se ha comportado de peor forma que una “banda de ladrones”, porque le impuso a la población civil un Derecho penal del enemigo, instrumentalizó el discurso de los derechos humanos para justificarse, no tuvo reticencia para aliarse con criminales y ampararlos con un “Derecho penal del amigo” y, además, porque le garantizó impunidad a los crímenes de sus agentes, e invistió a éstos de honores, con el estatus de héroes. Respecto al otro asunto indagado, se concluye la ilegitimidad de los sistemas punitivos estudiados, por trasgredir y violentar los derechos humanos de muy diversas maneras: al crear la falsa ilusión de ser una necesaria, idónea y eficaz forma de protegerlos, profundizando su vulneración; al birlarlos en su función de límites al poder punitivo; al convertir su ejercicio en objeto de criminalización; al usarlos como coartada retórica de legitimación de iniquidades y abusos. Además, se caracterizan por ser selectivos, clasistas, inocuos, amiguistas, tramposos, populistas, eficientistas, inquisitivos y colonizados por el Derecho penal del enemigo. Y, finalmente, en nombre de la “seguridad” de entelequias y ficciones, han terminado por aniquilar la “seguridad de los derechos” de los de “abajo”, de los más vulnerables, y han profundizado las condiciones de exclusión, explotación y discriminación