El índice de responsabilidad ciudadana (irc) un estudio de casoel irc del municipio de Jerez de la Frontera

Resum

EL ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA (IRC) “Para que el estado de democracia sea duradero se necesita un clima y una cultura democráticos nutridos constantemente y reforzados por la educación y por otros medios culturales y de información. Por ello, una sociedad democrática debe comprometerse en beneficio de la educación en el sentido más amplio del término, y en particular de la educación cívica y la formación de una ciudadanía responsable . Art. 19 de la DECLARACION UNIVERSAL SOBRE LA DEMOCRACIA de la UNESCO adoptada por el Consejo Interparlamentario en su 161a sesión (El Cairo, Egipto, septiembre de 1997). La ciudadanía implica mucho más que un reconocimiento jurídico, supone la promoción de sujetos como parte activa en la producción simbólica y organizativa de la sociedad política. Como proceso de desarrollo de una conciencia y una identidad comunitaria, la ciudadanía supone la práctica del ejercicio cívico y la implicación en la vida de la comunidad. Por tanto, la ciudadanía no es sólo un status legal, un mero reconocimiento de derechos y deberes en el marco de unas condiciones institucionales o estructurales determinadas. La labor de las instituciones públicas en el desarrollo de una ciudadanía activa, solidaria y responsable se concentra, la mayoría de las veces, en la concreción de aprendizajes de valores cívicos a través de asignaturas como Educación para la ciudadanía. La necesaria base educativa que refuerza el aprendizaje de valores morales y cívicos compartidos en las diferentes etapas del sistema educativo. El papel de la escuela en este sentido es innegable. El desarrollo de ciudadanos autónomos e independientes se relaciona con una formación compartida que fomente la autonomía, el respeto por los demás, la integración social y la cooperación entre iguales o el aprendizaje de la responsabilidad son elementos comunes a todos los sistemas educativos occidentales, y especialmente compartidos en el ámbito europeo, donde se necesita, cada día un poco más, de ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestros valores compartidos. Para conseguir aumentar este compromiso, los ciudadanos debemos contar con las destrezas, conocimientos y actitudes necesarias. Entre los objetivos estratégicos marcados en 2006 por el Consejo y el Parlamento Europeo se encuentran el desarrollo de la competencia social y ciudadana, situándose los mismos entre los ejes fundamentales de la cooperación de los países europeos en el espacio educativo común . La promoción de la equidad, de la cohesión social y, especialmente, de la ciudadanía activa, forman parte de Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación que alcanza el objetivo temporal del 2020 . Por tanto, la promoción de una ciudadanía activa se ha convertido en uno de los principales objetivos de los sistemas educativos europeos. Igualmente, la Estrategia de la UE para la Juventud 2010-2018 fijó como uno de sus principales objetivos fomentar la ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad entre todos los jóvenes . Según el informe titulado "La educación para la ciudadanía en Europa" elaborado en 2012 por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo , Audiovisual y Cultural (EACEA P9 Eurydice y Apoyo Político) la educación para la ciudadanía aparece incluida en los currículos nacionales de los todos los países . La principal objeción que se señala en este informe ejecutivo tiene que ver con la falta de instrumentos adecuados que permitan realizar una evaluación correcta del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación para la ciudadanía. En concreto, el rendimiento del alumnado en esta área de aprendizaje se realiza habitualmente en los propios centros de manera interna, una evaluación que no forma parte del contenido obligatorio que sirve para realizar la evaluación final de la promoción de un curso a otro. Como se recoge en el mismo informe, entre las competencias claves identificadas a escala europea, parece obvio que la evaluación de la competencia social y ciudadana requeriría de métodos de evaluación, que van más allá de medir la adquisición de conocimientos teóricos, y debería incluir también las destrezas y las actitudes. En este sentido podemos encontrar ya algunas prácticas evaluadoras que permiten al profesorado, mediante herramientas concretas o test estandarizados a escala nacional, la evaluación de las distintas competencias sociales y ciudadanas superando el marco de la propia asignatura diseñada en el currículo educativo en los que se valora, además de los propios contenidos conceptuales, las destrezas y las actitudes de los alumnos. Asimismo, una buena parte de estos mismos países han comenzado a tener en cuenta en sus sistemas de evaluación en secundaria la participación de los alumnos en la vida escolar de sus centros y en su entorno social, lo que parece ser un enorme paso hacia la superación de la clásica evaluación conceptual de los conocimientos. La ciudadanía como un proceso activo y continuo de aprendizaje consideración de la parece que está definitivamente abriéndose camino en el espacio europeo. Podría pues ser este el momento pertinente para el desarrollo del concepto de Responsabilidad Ciudadana como instrumento que, superando la clásica evaluación de los sistemas educativos, se pudiera constituir como herramienta de evaluación de la ciudadanía y de sus distintas dimensiones en aras a colaborar en el restablecimiento de ese equilibrio ideal entre los actores institucionales y los propios actores individuales en el desarrollo y crecimiento de la mejora y la calidad de nuestra democracia. Un sistema político en el que cada día gana más terreno la individualización y, por ende, la desactivación del ciudadano en su misma esencia, en un proceso claramente regresivo contra los propios ciudadanos y contra la naturaleza de la propia democracia. 2. Propósitos de la investigación La presente investigación pretende proponer un modelo como instrumento estandarizado para la medición de la responsabilidad ciudadana. El IRC puede constituirse como un indicador compuesto y herramienta de análisis y de investigación descriptiva que puede ayudar a impulsar el concepto de Responsabilidad Ciudadana en nuestro propio sistema político y social, un fin general que puede servir, entre otros, a los siguientes objetivos específicos: • Sensibilizar a las instituciones políticas y sociales acerca de la importancia de conocer la situación real de la responsabilidad ciudadana en nuestro Estado. • Incluir en la agenda política la necesidad de actualizar el compromiso por una ciudadanía responsable y consciente de sus derechos y obligaciones como miembros del mismo conjunto social. • Establecer la metodología pertinente para contar con un indicador estándar que permita medir mediante instrumentos cuantitativos y cualitativos la responsabilidad ciudadana a través de sus distintas dimensiones, como por ejemplo: la participación ciudadana, el grado de civismo y respeto de las normas y leyes, la ciudadanía crítica, la equidad de género, el respeto a la interculturalidad, el nivel de información política y conocimiento del funcionamiento práctico de la democracia y de sus instituciones, la participación electoral y extraelectoral, la densidad y calidad asociativa, la tolerancia a la pluralidad, el respeto de la diversidad, la proactividad del ciudadano a favor del bienestar de la comunidad, el conocimiento de las instituciones y de sus derechos y de sus obligaciones como ciudadanos (impuestos y tributos entre otros), la ciudadanía ambiental o la competencia comunicativa-discursiva de los ciudadanos, entre otras dimensiones. • Realizar un seguimiento de las iniciativas políticas y sociales que se adopten en materia de responsabilidad ciudadana, así como de la aplicación práctica de la misma en los distintos actores sociales y políticos. • Observar y establecer una valoración del desarrollo e implantación de la responsabilidad ciudadana en nuestro país. • Presentar datos sobre responsabilidad ciudadana en España en un formato que se preste a establecer comparaciones válidas entre los diferentes municipios, provincias o comunidades autónomas. • Potenciar la puesta en práctica de políticas reales de desarrollo de la responsabilidad ciudadana en los currículum de las instituciones educativas de nuestro país. • Servir de impulso para el desarrollo de una plataforma de discusión académica y estudio sobre la responsabilidad ciudadana, lo que podría generar la necesidad de desarrollar un Observatorio de Responsabilidad Ciudadana al amparo de la red de Universidades españolas. La medición cuantitativa de la Responsabilidad Ciudadana supone avanzar un paso en los parámetros de conocimiento y evaluación de esa realidad política y social que tratamos de estudiar. Para ello tendremos que conceptuarla cualitativamente en torno a unos principios y características de referencia que puedan ser suficientemente avalados por la comunidad científica y académica. Existen numerosos estudios que modelan con validez nuestro campo de estudio y medida. La elaboración del Índice de Responsabilidad Ciudadana (IRC) supone definir el concepto que queremos medir en estándares normativos que sean homologables, aunque adentrarse en su cuantificación, sea ingresar en un campo desconocido donde no podemos operar con modelos existentes porque no hay un patrón estándar sobre el que trabajar. El modelo a medir, o marco de referencia, se soporta en diferentes áreas o dimensiones, que a su vez deben contener un conjunto de indicadores, o marco normativo, cuyos datos se obtendrían de fuentes directas, tales como la encuesta y el cuestionarios ad hoc que planteamos, pero que bien podrían, en planteamientos análogos, obtenerse de fuentes indirectas como estudios o encuestas publicadas periódicamente, datos e informes de agencias públicas como el INE o de las propias administraciones públicas. El marco de referencia indica la dirección más adecuada que deben tomar las actitudes ciudadanas evaluadas para crear las condiciones favorables y se elabora a partir un número alto indicadores, cada uno ligado a un aspecto muy específico de los parámetros definidos en cada una de las dimensiones estudiadas. Para cada indicador el marco de referencia se puede traducir en varias opciones, que sitúan esos valores en una escala de menos a más en relación al concepto preciso de responsabilidad ciudadana. Sin duda, el Índice de Responsabilidad Ciudadana (IRC) debería servir como indicador compuesto para tasar la responsabilidad ciudadana en diferentes niveles o agregados. De esta forma el IRC podría medir comparadamente los niveles de responsabilidad ciudadana observados a nivel municipal, provincial, autonómico o estatal, de manera que el IRC permitirá comparar, diacrónicamente, las puntuaciones obtenidas a lo largo de un período de tiempo en un agregado y, sincrónicamente, entre agregados del mismo o diferente nivel. Los valores de referencia (o puntuaciones) servirían para comparar los resultados sobre responsabilidad ciudadana obtenidos, por ejemplo en una comunidad autónoma, e indicarían en qué grado o nivel se encuentra el desarrollo del concepto de responsabilidad ciudadana entre los ciudadanos y ciudadanas de esa Comunidad. Asimismo los valores indexados nos servirían para comparar los niveles medidos de responsabilidad ciudadana de una comunidad autónoma con las de otra.