El derecho a la movilidad humana en el contexto del neo constitucionalismo del Ecuador

Abstract

El presente trabajo analiza el reconocimiento del derecho de la movilidad humana, dentro del contexto del neoconstitucionalismo del Ecuador, el cual se da a raíz de la Constitución aprobada por la ciudadanía en 2008, implicando un gran avance en el reconocimiento de derechos. Todo esto es producto, de dos intentos anteriores de constituciones nuevas o reformadas, que no tardaron en dar pésimos resultados, los cuales transgredieron derechos humanos y causaron daños considerables en el país a nivel político, social, económico y cultural. Sin embargo, a raíz de la crisis, aparecen sobre el tablero de discusión, nuevos actores, las personas emigrantes, quienes inician su lucha para exigir derechos y buscando desde su lugar de residencia en el extranjero por voz y voto, lo que implicaba su inclusión en la sociedad de origen y en la de destino. A su vez, Ecuador, es uno de los pocos países en el mundo en el que se concentran los escenarios de salida de sus habitantes, tránsito y al mismo tiempo la llegada masiva de inmigrantes, refugiados y apátridas, lo que se conoce como flujos mixtos. Para el inicio del 2000 el Ecuador enfrenta una de sus mayores crisis financieras, con la caída de entidades bancarias, congelamiento de depósitos y proceso de dolarización. A lo que se debe añadir, que en las zonas de frontera norte (Colombia), la intensidad del conflicto determina un incremento drástico de llegada de personas con necesidad de protección internacional. Es decir, entran en discusión la libertad, dignidad y ciudadanía, vinculados a los procesos migratorios, llegando así, su reformulación, que responde al nuevo contexto, el cual implica una nueva concepción de Estado, el mismo que incluye a la interculturalidad, el buen vivir y la ciudadanía universal, en especial este último elemento que se ve conjugado por una serie de aristas que a larga buscan determinar al derecho migratorio desde la integralidad de la persona. Todo el estudio, se hace en razón del contexto social, político, económico y normativo, lo que permite tener una mayor amplitud en el análisis que desemboca en el nuevo proyecto de ley movilidad humana, que ocho años más tarde intenta armonizar los principios constitucionales, con las obligaciones internacionales y los hechos a los que se enfrentan las personas en movilidad humana.