El derecho a la salud en contextos post-conflicto¿por qué las inversiones en un sistema de salud pública deben ser prioridad? : las lecciones de Angola

Resum

Resumen: En tiempos de transiciones después de los conflictos, se observa una tendencia que permite a los Estados en eludir obligaciones básicas en virtud del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC). Aunque el Pacto no contiene una cláusula de excepción, una combinación de factores tales como mecanismos débiles de rendición de cuentas y supervisión de violaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional han permitido a los países en transición navegar por debajo del radar. Esta situación es particularmente grave con respecto a los derechos de la salud. Los gobiernos y los programas de ayuda exterior, mientras que se centran en la estabilización y reconstrucción en los Estados que salen de conflictos, a menudo han fracasado en promover la salud como un componente importante para el desarrollo y la seguridad en una sociedad. Este estudio, basado en el caso de Angola, demuestra cómo la inversión en sistemas de salud sirve para enfrentar los desafíos intrínsecos de las sociedades post-conflicto, permitiendo una estabilidad política, económica y social, generando una transición exitosa y aliviando el sufrimiento humano. Es más: este estudio demuestra que las inversiones hechas inmediatamente después del fin de un conflicto rinden mucho más que en otros momentos históricos, haciendo del inicio de la transición un momento crítico en el desarrollo futuro del país. Además, en el marco de la justicia transicional, la inversión en un sistema de salud pública puede constituir un mecanismo de reparación colectiva para paliar los abusos cometidos durante el conflicto armado, importante factor en el proceso de reconciliación. Jus en pacem se refiere a la obligación de construir, reconstruir y reconciliar después de los conflictos. Como principio ético, los derechos humanos deben guiar cómo un país lleva a cabo la situación una vez que la guerra ha terminado y la salud debe ser una de las prioridades. Pero las consideraciones económicas también pesan a favor de la inversión en la dignidad humana en la transición, ya que el retorno en términos humanos y económicos justifica, si no exige, la atención especial a la salud pública durante la transición. Abstract: Over the past several decades, States, during times of post-conflict transitions, have deemphasized or expressly excluded basic obligations under the International Covenant on the Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). The ICESCR does not contain a derogation clause but a combination of factors such as frail mechanisms of accountability and monitoring of human rights violations at national and international level have permitted countries in transition to navigate under the radar. This situation is particularly grave with regards to health rights. Governments and foreign assistance programs while focusing on stabilization and reconstruction in states emerging from conflict have often failed to promote healthcare as an important component for development and security in a society. Based on the Angolan case, this work shows how investing in healthcare systems address intrinsic challenges of post-conflict societies that allow for political, economic and social stability generating a successful transition and alleviating human suffering. Support for investment in public health is greatly bolstered by the fact that investment in this area immediately after the end of conflict pays vastly higher dividends than if done at another period, rendering the transition a critical moment in this regard. In addition, under the framework of transitional justice, investments in a public healthcare system enables a mechanism of collective reparation for abuses committed during armed conflict important in the reconciliation process. Jus in pacem relates to the obligation to rebuild, reconstruct and reconciliate after conflicts. As a matter of ethics, human rights should guide how a country conducts the situation once the war is over and health should be a priority. Yet it is economic considerations that tip the balance in favor of investment in human dignity through health care in the transition, given that the return on this investment in human and economic terms justifies, if not requires, special attention during this special period.