Políticas públicas de salud y adolescentes embarazadas
- COSTA DE OLIVEIRA MARISTELA
- David Sánchez Rubio Doktorvater
Universität der Verteidigung: Universidad Pablo de Olavide
Fecha de defensa: 03 von Juli von 2007
- Mercedes Arriaga Flórez Präsident/in
- Juan-Carlos Suárez-Villegas Sekretär/in
- Cristina Villalba Quesada Vocal
- María José González Ordovás Vocal
- Asier Martínez de Bringas Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
El objetivo de la investigación fue analizar las formas de inserción de las adolescentes gestantes en las políticas de atención a su salud integral con énfasis en la salud sexual y reproductiva, a la luz de los principios de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y de la legislación internacional y nacional pertinente. En el nivel teórico-conceptual, este estudio tuvo como punto de partida la concepción de derechos humanos, en cualquier de sus tipologías, como instrumentos de lucha y emancipación, como derecho positivo en el orden internacional, como derechos fundamentales en el orden local, en este caso específico, como derechos de hecho atribuidos a niños y adolescentes. Para ofrecer una respuesta se optó por un abordaje en la perspectiva metodológica cualitativa que permitió construir los datos a partir de la realidad de los profesionales planeadores (gestores), ejecutores y que ejercieron el control social (fiscalizadores) de la política de salud en el municipio de Porto Alegre, en el periodo de 1990 a 2000. Para proceder el análisis de la política de salud sexual y reproductiva para adolescente gestante se supuso la comprensión de que las políticas públicas sociales como concretización de derechos dirigidas a grupos de la población discriminados por sus características singulares implican, el reconocimiento de una historia de desigualdad social en la cual se estructuran las relaciones humanas. Concluimos que la efectiva atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes requiere políticas en la perspectiva intersectorial que van desde el planeamiento conjunto de actividades hasta su operacionalización integrada que permita fortalecer la red de atención con la participación directa de los consejos de derechos y de los segmentos de la sociedad, como instrumentos de participación e inclusión de la población en la formulación y fiscalización de las políticas sociales públicas