La protección jurídico-social de las personas en situación de dependencia
- DURÁN BERNARDINO, MANUELA
- María Nieves Moreno Vida Director/a
Universidad de defensa: Universidad de Granada
Fecha de defensa: 31 de marzo de 2014
- José Luis Monereo Pérez Presidente/a
- José Antonio Fernández Avilés Secretario/a
- Santiago González Ortega Vocal
- María Luisa Molero Marañón Vocal
- Sandro Mainardi Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La situación socio-demográfica actual exige avanzar en el campo de la protección jurídica y social para atender una situación de necesidad, la dependencia, que no siendo nueva, ha adquirido una especial relevancia política, social y jurídica como consecuencia de la combinación de diversos factores, entre los que se encuentra el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la crisis de los sistemas tradicionales de cuidados familiares o informales. El Estado trata de dar respuesta a la intensa y creciente demanda de protección de las personas en situación de dependencia con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (BOE N.º 299, de 15 de diciembre de 2006), que ya en su exposición de motivos advierte de la magnitud del problema social que se acota con el concepto de dependencia: «La atención a las personas en situación de dependencia constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados». Desde estas puntuales precisiones apriorísticas, se delimita, a continuación, el trabajo de investigación, estructura y objeto. El presente trabajo investigador pretende ofrecer una visión de conjunto, que permita entender el marco global del sistema público y privado de dependencia, conocer la ordenación normativa con la que se pone en marcha la nueva Ley y su profuso desarrollo reglamentario, e identificar los avances alcanzados así como las carencias detectadas tras los primeros siete años desde la promulgación de nuestra Ley de dependencia, con lo que se realizan e incluyen también propuestas técnicas y jurídico-políticas de mejora tendentes a corregir las dificultades u obstáculos que impiden su total aplicabilidad. Con este ambicioso enfoque, el trabajo que aquí se introduce se estructura en tres amplias partes temáticas, cada una de ellas dividida en diferentes capítulos, epígrafes y subepígrafes. La parte I trata de plantear la fundamentación del Derecho a la protección de las personas en situación de dependencia como un Derecho social fundamental. Adoptando una visión de conjunto, se ha optado por analizar la integración de la atención a la dependencia en los sistemas públicos de protección social desde dos perspectivas: a nivel internacional y a nivel nacional. Ya en la Parte II, se examinan los muy variados elementos que conforman e integran el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En esta dirección, se parte del estudio de la paulatina construcción histórica de la Ley 39/2006, se analiza el complejo procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD, diferenciándose las distintas fases que lo configuran. Cierra esta segunda parte un examen detallado de dos aspectos claves para la evolución y consolidación del Sistema de Dependencia, su compleja organización y su insuficiente financiación. En la Parte III se procede al análisis y estudio de la acción protectora del Sistema, tratando de ofrecer una panorámica general de la evolución experimentada por el ámbito objetivo de la protección ofrecida por el SAAD, desde su diseño inicial en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, hasta el desarrollo normativo que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han venido realizando en los siete primeros años de andadura de la Ley. Tras acotar el objetivo general y los objetivos específicos del conjunto de prestaciones ¿técnicas y económicas-, se realiza un análisis pormenorizado de cada una de ellas, exponiéndose con precisión su finalidad, ámbito subjetivo, contenido, intensidad y cobertura. Y, finalmente, se estudia, desde una perspectiva jurídico-crítica el modelo jerarquizado de prestaciones por el que opta el legislador de la Ley 39/2006, en el que se reconoce clara prioridad a las prestaciones de servicios y carácter secundario a las prestaciones económicas. Con todo, este trabajo se inserta en el debate actual del modelo más adecuado sobre el que se ha de instaurar el Sistema que, pese a nacer con la finalidad de atender y cuidar las necesidades de las personas en situación de dependencia, está encontrando serias dificultades para su efectiva consolidación y desarrollo, lo que exige su urgente remodelación.