El papel de la Comisión Local de Instrucción Primaria en la educación de Sevilla, 1833-1857

Resumen

El presente texto tiene por objeto estudiar el impacto que tuvo la Comisión Local de Instrucción Primaria de Sevilla en la oferta educativa de dicha ciudad, desde la caída del Antiguo Régimen hasta la promulgación de la Ley Moyano en 1857. En principio, a pesar de las restricciones presupuestarias de los ayuntamientos decimonónicos, existieron distintos mecanismos para ampliar los presupuestos. Aunque se utilizaron especialmente en el periodo 1854-56, esto no implicó necesariamente que se incrementaran las partidas destinadas expresamente a la instrucción primaria. De hecho, el gasto dedicado a la rehabilitación de edificios reservados a la Instrucción Primaria -fundamentalmente conventos desamortizados- significó más del 40% de los presupuestos. La orgullosa ciudad de Sevilla, con un pasado relevante en la aventura imperial de los Austrias, descubridora de Nuevos Mundos, cuna de pintores y literatos, pone de manifiesto en la carta fechada el 8 de noviembre de 1845 enviada por la Comisión Local de Instrucción Primaria, evacuando informe solicitado por el Jefe Político, la vergüenza de la situación de la Hacienda Local hispalense referente a la Instrucción Primaria. Literalmente cita:"Es un doloroso escándalo que la primera capital de Andalucía tuviese sólo en 1844 una escuela gratuita de niños y otra de niñas y eso exclusivamente para el barrio de Triana, cuando repetidas resoluciones, que la Comisión recuerda, disponen que por cada quinientos vecinos haya una escuela pública, y de no otra suerte puede darse la primera instrucción a esa multitud de jóvenes de ambos sexos, que en Sevilla existe carencia de los elementos más indispensables para desenvolver su razón y hacerse útiles a sí propios y a la patria". García (1996) señala que los ingresos municipales a finales del siglo XVIII del ayuntamiento sevillano eran de los más elevados de España ascendiendo a 7.413.674 de reales de vellón;tan sólo superados por los 12.597.775 de la Villa y Corte de Madrid y por los 9.772.294 de Aragón referidos al año 1769.