Aproximación a la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía

Resumen

Alfredo Langa Herrero, desbroza en su informe la política de cooperación internacional al desarrollo practicada desde el Gobierno andaluz, que en 2006 ascendió a 39.406.063,53 euros que sirvieron para financiar 166 proyectos. El Centro de Estudios Andaluces acaba de publicar el número 14 de su revista ‘Actualidad’, con la que se pretende tomar el pulso a la realidad andaluza y profundizar en sus múltiples aristas. En esta ocasión, el profesor Alfredo Langa Herrero analiza la forma en que desde el Gobierno andaluz se establecen políticas en materia de cooperación al desarrollo. En esencia, el estudio se centra en las líneas de acción emprendidas desde la Consejería de la Presidencia, a través de su Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, con el objetivo de divulgar y reflexionar sobre cuestiones que integran el actual debate sobre la materia tanto a escala andaluza como española. Asimismo, en su informe se recogen los instrumentos de los que se sirve la política andaluza de cooperación, las modalidades de cooperación, las prioridades geográficas y sectoriales, amén de los organismos que sirven a dicha política. Y como todo estudio que se precie, se parte de un contexto que arroja un dato clave: que la política de cooperación al desarrollo, tanto en Andalucía como en España, se inició en la década de los ochenta primero en el ámbito más cercano, es decir, a través de los hermanamientos entre municipios; para evolucionar a partir de 1987 hasta brindarle calado internacional a dicha política. Hoy en día, estas acciones están perfectamente institucionalizadas, y de hecho el profesor Langa Herrero repara en cómo desde 1995 en adelante se ha producido una evolución de las mismas tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, “lo que ha desembocado en la necesidad de crear un marco jurídico e institucional más acorde con las exigencias actuales”, sostiene. Tras estas consideraciones iniciales, el informe compara y analiza los modelos de cooperación para el desarrollo que se plantean desde el Gobierno español y el andaluz. Así, por ejemplo, refleja que en el año 2004, Andalucía estaba a la cabeza de España en Ayuda Oficial al Desarrollo al consignar 32,61 millones de euros, seguida de Cataluña, con 31,35 millones. En 2005, la aportación andaluza por este concepto ascendió a los 39,40 millones de euros, prestando apoyo financiero a un total de 166 proyectos de ayuda al desarrollo (81%), de acción humanitaria (15%), de sensibilización, educación, formación o investigación (4%). Con respecto a 2006, el Gobierno andaluz apoyó hasta 166 proyectos con una inversión de 39.406.063,53 euros. De dichos proyectos, 44 procedían de Marruecos, 33 de Andalucía, 15 de El Salvador, 11 de Honduras, 10 de Perú y 8 de Cuba, entre otros muchos. En cuanto a la distribución en general de las ayudas de cooperación para el desarrollo, el autor sintetiza que las prioridades que marca la Ley de Cooperación Andaluza son: primero los países iberoamericanos, detrás los árabes del norte de África y Oriente Medio, y luego los del África subsahariana. Con el matiz de que, entre ellos, tendrán primacía los países con menor índice de desarrollo humano. Sin embargo, en el nuevo Estatuto de Andalucía, recién aprobado, se estipula que tendrán prioridad los Estados receptores de emigrantes andaluces o de procedencia de inmigrantes hacia Andalucía, lo que como reconoce el autor, introduce una novedad con respecto a la Ley Andaluza.