Financiación autonómica y control de constitucionalidad (algunas reflexiones sobre la STC 13/2007)

Resumen

Las recientes reformas estatutarias han tendido, de una parte, a regular con mayor detalle que sus versiones iniciales el reparto de las competencias financieras y, de otro lado, han procurado subrayar el papel determinante de las respectivas CCAA en la aplicación a su territorio de nuevos modelos de financiación. El reformado marco estatutario ha supuesto, en consecuencia, el afianzamiento en la esfera hacendística del principio dispositivo, que habrá sin embargo de conciliarse con la habilitación conferida al legislador orgánico por el artículo 157.3 CE. En este contexto, no es de extrañar que la STC 13/2007 fuera recibida con cierta expectación, toda vez que estaba llamada a abordar dos situaciones que, en principio, son susceptibles de volver a plantearse tras las reformas estatutarias, a saber: la posibilidad de que una CA rehuse incorporarse a un nuevo modelo de financiación, y la eventual inaplicación de alguna medida estatutaria que, como la "deuda histórica", no parecía asumida con alcance general en la LOFCA. Pues bien, la STC 13/2007 no ha venido sino a confirmar la línea jurisprudencial preexistente, ya que mantiene la tendencia a utilizar la LOFCA como instrumento nivelador de las eventuales peculiaridades financieras que puedan incorporar los diferentes Estatutos, aun a riesgo de apurar al límite las posibilidades hermenéuticas que ofrece su tenor literal.