La ejecución de sentencias contencioso-administrativas en materia de empleo público

  1. PEÑA MOLINA, MARCOS
Dirigida por:
  1. Eduardo Gamero Casado Director

Universidad de defensa: Universidad Pablo de Olavide

Fecha de defensa: 24 de mayo de 2021

Tribunal:
  1. Federico del Castillo Presidente/a
  2. Josefa Cantero Martínez Secretario/a
  3. Luis Miguel Arroyo Yanes Vocal
Departamento:
  1. Derecho Público

Tipo: Tesis

Teseo: 650833 DIALNET lock_openRIO editor

Resumen

La investigación que se presenta no se circunscribe a la exploración y examen de la resistencia de la Administración pública al cumplimiento de las sentencias condenatorias junto al análisis de sus consecuencias jurídico-constitucionales. Muy buenos estudios y artículos se han elaborado al respecto, razón por la que en ese aspecto el trabajo se circunscribe, esencialmente, a una síntesis de la evolución histórica y del estado actual de la cuestión, como presupuestos necesarios del objeto central de la investigación. En efecto, el presente trabajo pretende ir más allá y abarcar el estudio, diagnóstico, análisis, crítica, contraste y conclusión de aquellos casos en los que, centrada la cuestión de debate procesal en temas de Función Pública o, más concretamente, en los supuestos que más litigios provocan (anulación de procesos selectivos cuando se hallan afectados derechos de terceros; integración de plantillas a causa de procesos de sucesión de empresas con determinación del estatuto jurídico del empleado integrado; reconocimiento e incorporación, de los declarados judicialmente “indefinidos no fijos de plantilla”, a la organización de efectivos de la entidad pública o supuestos de duplicidad en el tratamiento judicial de los empleados públicos temporales o interinos, según la jurisdicción sea social o contencioso-administrativa, entre otros), nace un verdadero problema judicial y administrativo a la hora de llevar a efecto la sentencia que se dicta. Se ha optado por estos temas de estudio y análisis por considerar que son los que más interés práctico despiertan, no solo por el alto nivel de litigio que originan, sino por la complejidad que conllevan tanto a la hora de resolverlos como a la hora de ejecutar la sentencia que en su día se emita, intentando integrar en la realidad administrativa la propia realidad jurídica consignada en aquella. Además de lo expuesto, consideramos que el estudio se revela interesante para el forense del Derecho, por cuanto que ahora se revela más que nunca la tensión y las fricciones existentes entre la jurisdicción social y la contencioso-administrativa a causa de una misma materia y por unos empleados públicos que gozan de un análogo vinculo jurídico con la Administración, pero con la única diferencia de la citada relación sinalagmatica (o estatutario o laboral), sobre todo a raíz de la sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos conocidos como Diego Porras y Castrejana López. Doctrina que ya ha sido recepcionada por el Tribunal Supremo mediante la sentencia de 26 de septiembre de 2018, marcando una línea intermedia y posibilitando el nacimiento de la figura que ha venido a llamarse academicamente “funcionarios interinos indefinidos”, todo ello sin perjuicio del cambio advertido por el tribunal europeo en la sentencia de 19 de marzo de 2020, dictada en los asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18. La justificación y oportunidad de la materia de estudio se halla reafirmada por los escasos estudios que se han publicado sobre el especifico problema que se cita. Los artículos o los estudios que se han publicado han abordado los temas de forma parcial o puntual y desde una perspectiva del propio conflicto generador del pleito. El objeto del presente estudio se centra más en la problemática que ofrece la ejecución de las sentencias cuando la Administración ha sido condenada en estos mismos supuestos. Ello nos exige estudiar no solo los casos que originan la causa principal del pleito sino, sobre todo, las vicisitudes que van a provocar el nacimiento del incidente de ejecución, por no poder (o querer) llevar a puro y debido término la sentencia dictada, junto con la necesidad de ofrecer una respuesta práctica -aunque no se considere una solución- al problema administrativo que se suscita.