El derecho humano a la alimentación adecuadadel reconocimiento internacional a las políticas públicas nacionales. El caso latinoamericano

Resumen

En los últimos 25 años se ha dado un proceso de consolidación del reconocimiento de la alimentación como derecho humano. Aunque desde un punto de vista jurídico-formal ese reconocimiento estaba ya plasmado 50 años antes en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ha sido a final del siglo XX y en las dos primeras décadas del XXI cuando, con el impulso de la sociedad civil, este derecho ha ido tomando protagonismo en la escena internacional de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre y ha ido ganando densidad jurídica y fuerza política. A partir de una amplia revisión de literatura, en esta tesis se hace un análisis actualizado del recorrido que ha tenido el derecho humano a la alimentación en el ámbito internacional, sistematizando la reflexión doctrinal sobre el concepto, sus elementos componentes, los principios que lo informan, su multidimensionalidad y las obligaciones que asumen los Estados parte del PIDESC. La importancia del reconocimiento internacional de derecho a la alimentación estriba, por un lado, en haber introducido principios y enfoques propios de los derechos humanos en la agenda internacional de lucha contra el hambre y, por otro lado, en haber servido de referencia y estímulo para la consagración constitucional en diferentes Estados y para el desarrollo de leyes y políticas públicas orientadas a su realización. En esta tesis se hace un análisis de los procesos de incorporación de este derecho en los ordenamientos jurídicos nacionales y en la práctica política. Para ello, se realiza un análisis actualizado de la forma en que el derecho a la alimentación aparece en las constituciones de 194 países, tomando como referencia tres posibles modelos de constitucionalización (explícita, implícita y como principio orientador de las políticas del Estado). Se constata que, en los modelos de constitucionalización de este derecho, lo habitual hasta ahora ha sido su consagración entre los derechos aspiracionales más que como derecho fundamental o justiciable. En este sentido, podemos decir que el proceso de reconocimiento de la alimentación como un derecho humano fundamental necesita un mayor recorrido, maduración y consolidación. En algunos países de América Latina y Caribe ya se ha dado este paso hacia una constitucionalización fuerte. Por ello, se centra en esta región el análisis de los desarrollos legislativos y de políticas públicas realizados en los últimos diez años, tomando como referencias las bases de datos de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (para los desarrollos legislativos) y de la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (para las políticas y programas públicos). Destacan cuatro áreas temáticas en las que se agrupan la mayoría de experiencias legislativas y políticas: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación; agricultura familiar; alimentación complementaria escolar; y alimentación saludable. Se constata la utilización de un enfoque de trabajo de doble vía (twin-track) en las políticas públicas para hacer frente a los problemas de inseguridad alimentaria, conjugando acciones a corto plazo que facilitan el acceso inmediato a alimentos a las poblaciones en situación de hambre que no tienen medios para adquirirlos ni capacidad de producirlos -ayuda alimentaria- y acciones a largo plazo frente a las causas de la crisis, orientadas a crear oportunidades para que las personas mejoren de forma permanente sus medios de vida y sus capacidades, aumenten su potencial productivo y obtengan los ingresos necesarios de forma estable -seguridad alimentaria-. La experiencia latinoamericana ha permitido hacer una recopilación y agrupación de las principales políticas públicas tanto de corto como de largo plazo. Se realiza un ejercicio de aproximación a la valoración del impacto de leyes y políticas en las cuatro temáticas señaladas, a pesar de la falta de sistemas bien construidos y sistemáticos de monitoreo y evaluación, utilizando algunos indicadores básicos y buscando fuentes de información para ello. Por último, a partir de todo el análisis realizado, se extraen un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta para que las políticas públicas se orienten de forma adecuada hacia la realización del derecho a la alimentación, señalando cinco recomendaciones de carácter general y un conjunto de recomendaciones relacionadas con cada uno de los componentes de este derecho (disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad).