Poder, control y castigofines de la pena e influencia del mercado en la definición del enemigo

  1. Izabella de Fatima Barros Melo de Collares Cunha Barreto
Supervised by:
  1. Carmen López Peregrín Director

Defence university: Universidad Pablo de Olavide

Year of defence: 2016

Committee:
  1. María Acale Sánchez Chair
  2. María del Valle Sierra López Secretary
  3. José Ángel Brandariz García Committee member
Department:
  1. Public Law

Type: Thesis

Teseo: 396916 DIALNET lock_openTESEO editor

Abstract

El objetivo de este trabajo es analizar las eventuales relaciones entre el poder político y el mercado, sobre todo en lo que se refiere a los posibles cambios en la legislación penal favorables a garantizar el mantenimiento del poder y del capital en las manos de aquéllos que fomentan dichas leyes, idea que surge al observar las más recurrentes reformas legales, especialmente perjudiciales para la sociedad civil, que no parecen contemplar todos los tipos de criminalidad o de delincuentes, sino sólo algunos específicos, más rechazados por la población. Rechazo que, sin embargo, quizás no surja de ellos naturalmente, sino que parece fomentado por los medios de comunicación y por el poder político que insistentemente tratan de hacer referencia a la amenaza que representan dichos supuestos y a la consiguiente necesidad de combatirlos. Para realizar este análisis, se empieza por volver la vista atrás y repasar las propuestas de los reformadores, y desde ahí se siguen los pasos a los cambios que la propia historia del castigo, naturalmente influenciada por el desarrollo del liberalismo, impuso al sentido de la respuesta estatal y a la lógica referente a los sujetos entendidos como enemigos en cada momento histórico. Y llegados a la actualidad, se pone en relación lo anterior con los más recientes movimientos opresores, sea por parte de las fuerzas policiales, sea por el propio poder legislativo, puestos en marcha en contra de aquéllos que tratan de contradecir el orden económico impuesto en un contraataque del Estado en la lucha contra la disidencia político-económica que se vuelve cada día más intolerante y más amenazante para las libertades. Un contraataque que, en materia penal, se ha plasmado en las reformas de 2003, 2010 y 2015, con las que el legislador ha aumentado el control. Especial atención merece en este trabajo el tratamiento penal de los delitos terroristas, los más graves y rechazados, y castigados por las más duras penas del ordenamiento punitivo, por ser a través de ellos como el legislador de 2015 trata de enfrentar a la masa de individuos que se oponen a los excesos que les demanda el capitalismo avanzado.